Feb 8, 2021
¡Los Pañuelos no se guardan!
El resultado de la mañana del 11 de diciembre era “cantado”, el cansancio le ganó a la emoción, pero la madrugada del 30 de diciembre del 2020, en una cancha más difícil que la anterior: el Senado de la Nación, casi cayéndonos de un pandémico año, la emoción y el alivio se hicieron omnipresentes. El aborto voluntario se convertió en legal, seguro y gratuito hasta la semana 14 de gestación para todas las niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar. No más castigo, ni clandestinidad ni muerte, no más criminalización. Ganamos una libertad más.
Empujamos un poquito más al patriarcado al borde del abismo.
¿Cómo lo hicimos posible? En dos años nomás. NO. Construimos este punto de partida durante décadas.
*Te hago corta esta ardua y maravillosa lucha:
El camino hacia el derecho al aborto legal seguro y gratuito, es decir a la salud, autonomía y libertad de las mujeres y personas gestantes tiene décadas de militancia, activismo y trabajo en Argentina. Se podría colocar un punto de inflexión con la apertura democrática post dictadura militar, aunque en los 60 y 70 hubieron manifestaciones al respecto, con las mujeres que regresaban del exilio, las de sociedad civil y de partidos políticos que venían participando de las Conferencias Mundiales de las Mujeres, de los Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe así como de los Encuentros Nacionales de Mujeres –ENM-.
Un grupo de mujeres fueron las pioneras juntando firmas por la despenalización del aborto en la esquina del Congreso Nacional a fines en la década del 80 y principios de los 90, conformando la Comisión por el Derecho al Aborto.
En 1991, la diputada nacional Florentina Gómez Miranda, del partido Unión Cívica Radical, fue la primera en presentar un proyecto de ley sobre despenalización del aborto en casos de violación, destacada defensora de los derechos de las mujeres, autora de la ley de Divorcio en nuestro país, entre otras leyes.
En el ENM del año 2005, en la ciudad de Rosario, se conformó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito –en adelante “la Campaña”- que lleva 15 años de una articulación de más de 700 organizaciones de todo el país. La Campaña es transversal, diversa, federal, intercultural e intergeneracional. Presentó 8 veces su proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo –IVE-, su última presentación estuvo a la vista en el debate 2020 junto al presentado por el Poder Ejecutivo Nacional.
En el 2018 se debatió por primera vez el proyecto de IVE de la Campaña en el Congreso Nacional (años anteriores se dieron algunos debates en comisiones, pero sin mayores frutos), el Poder Ejecutivo de entonces habilitó el debate, y junto a los años de lucha, la movilización feminista, la incidencia, las estrategias de comunicación y en redes sociales y la alianza transversal de diputadas y otras mujeres políticas fue posible. Se obtuvo aprobación en la Cámara Baja, pero fue rechazado en el Senado de la Nación. A pesar del duro revés para las mujeres y personas gestantes, no fue en vano y abrió el camino a lo que vendría en 2020.
A partir del 2018 fue contundente la despenalización social del aborto, salió del closet, se comenzó a hablar y difundir información sin tabúes en las comidas familiares, en clubes, escuelas, en los barrios, en todas partes. La Campaña nuevamente se puso de pie y conformó una nueva Comisión Redactora para un nuevo proyecto (cuando la Cámara revisora rechaza un proyecto, este pierde estado parlamentario).
Dicha Comisión elevó una propuesta a la Plenaria Nacional de la Campaña (ámbito nacional donde se discuten las estrategias generales a emprender en el año en curso) que fue aceptada y luego presentada, por octava vez, en la Cámara de Diputados de la Nación en mayo de 2019.
Ese mismo año fue electoral y uno de los candidatos a presidente de Argentina –Alberto Fernández- anunció como propuesta de campaña que enviaría un proyecto propio sobre la IVE. El impacto fue enorme, incluso no fue muy bien recibido al comienzo por el movimiento porque ya existía un proyecto con estado parlamentario, el de la Campaña. Sin embargo, Argentina es un país con un sistema presidencial, es decir, que es ordenador de votos el envío de cualquier proyecto del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo cuando este cuenta con una mayoría en ambas Cámaras (algo que el mismo partido al que pertenece el presidente actual tuvo durante 12 años y no lo trató). Por lo tanto, se anticipó como conveniente el envío de un proyecto por parte de quien fuera el presidente de la nación.
Finalmente, una vez que asumió el presidente Fernández, en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo de 2020 anunció concretamente el envío del proyecto, pero luego irrumpió en nuestro país y el mundo la pandemia de la covid-19.
Durante los meses siguientes la Campaña desarrolló más de 62 actividades de incidencia y promoción del derecho al aborto así como espacios de formación de las activistas de las diversas Regionales que hacen parte de la misma. Además, continuó brindando información y acompañando a mujeres a abortar bajo las causales vigentes.
Frente a las excusas del gobierno nacional para no enviar ni mostrar el proyecto públicamente a la Campaña estableció diversas estrategias de incidencia para presionar a que lo presente y comience el tratamiento en el Congreso Nacional.
Así fue que el 17 de noviembre el Poder Ejecutivo envió a la Cámara Baja el proyecto de ley de IVE. El mismo fue recibido gratamente, tenía claras similitudes con el proyecto presentado por la Campaña, salvo tres diferencias: contenía objeción de conciencia, no incorporaba el aborto como derecho en la currícula de la Educación Sexual Integral y penalizaba a la mujer o persona gestante luego de la semana 14 de gestación, salvo causales.
Los días 1°, 2 y 3 de diciembre se desarrollaron las reuniones informativas en la Cámara de Diputados y la firma del dictamen. El tratamiento en recinto comenzó el 10 de diciembre y finalizó con la votación en la mañana del 11 de diciembre de manera afirmativa: 131 a 117 votos, con 6 abstenciones.
A la semana siguiente inició el debate en comisiones en el Senado con reuniones informativas los días 14, 15, 16 y 17 de diciembre y la firma del dictamen. El tratamiento en recinto se llevó a cabo el día 29 de diciembre realizándose la votación la madrugada del día 30 de diciembre del corriente año. La votación resultó afirmativa: 38 a 29, 1 abstención, 2 ausencias. Se sancionó la ley de IVE N°27.610. El mismo día de la sesión, el PEN se comprometió a vetar la palabra “integral” luego del vocablo “salud” en el inciso B, artículo 4°, y de esta manera aseguró el voto de dos senadores que estaban propensos a la abstención (aunque los votos alcanzaban igual).
*La ley es un punto de partida:
La ley de IVE fue promulgada el 14 de enero y puesta en vigencia el día 24 del mismo mes. Queda mucho camino por recorrer: su cumplimiento efectivo y su correcta implementación en todo el territorio nacional.
Nos resta seguir haciendo incidencia para el monitoreo y evaluación de la aplicación de la norma para que el derecho al aborto, a poder decidir de manera autónoma, libre, informada, sin riesgos pueda ser ejercido por cada mujer o persona gestante que lo desee, que lo necesite, que así lo elija.
Apenas iniciado el 2021, los grupos anti derechos comenzaron una embestida judicial para en algunos territorios no permitir que se aplique la ley. Quedan batallas, daremos cada lucha, como siempre.
Y siguen los pendientes, porque toda América Latina y el Caribe merecen y deben contar con el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Estaremos a la par del movimiento feminista de la región, como ellas/es estuvieron junto a nosotras tantos años. A todxs ellxs: ¡Gracias! Y a Argentina: ¡Los pañuelos no se guardan!