Bolivia no es la excepción, la pandemia del COVID-19 llegó al igual que en el resto de los países que en estos momentos se encuentran enfrentando una de las mayores crisis sanitarias de los últimos tiempos, si no la mayor.

Pero no llega a un país con las mismas condiciones de aquellos que ya vienen enfrentando la pandemia hace más de 3 meses. Llega a un país con un gran porcentaje de población que vive del trabajo informal, de la cual la mayoría son mujeres y, otro tanto vive en condiciones de subsistencia; con uno de los sistemas de salud más precarios de la región; con uno de los índices más altos de violencia sexual y feminicida y que en los pasados meses sus pueblos han sufrido un golpe cívico militar, reinstaurando a la derecha fascista con Jeanine Añez como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Entre las medidas que dicho gobierno asumió está la cuarentena total, medida que por una parte, probó su efectividad en prevenir los contagios masivos y el colapso de los sistemas de salud en algunos países. Sin embargo, por otro lado evidenció que la cuarentena no es efectiva si no viene acompañada de medidas integrales que protejan a las poblaciones históricamente vulneradas pues, por poner algunos ejemplos, hay personas para quienes quedarse en casa es sinónimo de no generación de ingresos y por tanto, hambre; o mujeres para quienes la cuarentena puede significar quedarse encerradas con su golpeador, o violador, porque claro está que la familia y el hogar no son precisamente los lugares más seguros. 

Éstas han sido algunas de las razones por las que durante estos días en diferentes ciudades, importantes cantidades de personas deliberadamente decidieron no acatar la norma ante lo cual el gobierno de Añez en lugar de dar posibles soluciones, arrestó a casi 600 personas que fueron llevadas a celdas policiales sin las medidas de bioseguridad correspondientes.

También, en varias oportunidades el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, amenaza con que el estado de sitio es la mejor medida para garantizar el cumplimiento de la cuarentena, lo que significa la militarización del territorio nacional, medida por demás violenta y que vulnera la Constitución Política boliviana.

Pese a que a la fecha, las autoridades ministeriales manifestaron que no habrá estado de sitio, el terror ya fue implantado. Después de haber sufrido la militarización, el uso excesivo de la fuerza y el uso de armas de fuego contra ciertas poblaciones en Bolivia -hecho que dejó más de 30 muertos por mano militar bajo el gobierno de Añez en las localidades de Sacaba y Senkata– es inhumano que se les amenace con más militarización y represión cuando aún se sigue llorando a los muertos. 

La amenaza de estado de sitio sólo hizo recrudecer el sentimiento de terror en un pueblo que hace cinco meses ha sido fuertemente golpeado por la derecha oligarca de un país ahora profundamente herido, en el que las mujeres siguen llevando la peor parte, y en donde la única respuesta que se obtiene frente a la crisis es mayor represión y ninguna medida sanitaria.