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Etiqueta: derechos reproductivos

REVISIÓN NACIONAL VOLUNTARIA DE GUATEMALA 2025 

«Promover soluciones sostenibles, inclusivas, basadas en la ciencia y la evidencia para la Agenda 2030 y para el desarrollo sostenible y sus ODS para no dejar a nadie atrás«

Sede de Naciones Unidas NY, EEUU 

Guatemala presenta el reporte nacional voluntario durante el Foro Político de Alto Nivel el 18 de julio en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, con una delegación liderada por Secretaria General de Planificación y planeación de la Presidencia (SEGEPLAN) y la Secretaria Presidencial de la Mujer (Seprem) y través de la  estrategia técnico-política mediante la cual se revisan el avance de  las prioridades nacionales de desarrollo (PND), incluyendo las tres dimensiones de la agenda de desarrollo sostenible. Se reconoce nuevamente el Plan Katun 2032, como marco estratégico principal para guiar la implementación de la Agenda 2030 en el país y la posibilidad de su revisión y adaptación en un futuro próximo. 

Entre lo novedoso presentado en el reporte, se resalta el mecanismo de revisión del avance de los ODS priorizados; esta metodología se implementa por primera vez en este mecanismo, contando con la participación en diferentes medidas de 120 organizaciones en comparación con el informe presentado en 2021 en donde fueron únicamente los consejos de desarrollo los encargados de aportar y conocer sobre el informe. En esta ocasión la inclusión extensa de la sociedad civil es una clara muestra de apertura al diálogo, intercambio y reconocimiento de los aportes que la sociedad civil realiza para los avances de los ODS. A lo largo de todo el informe se hace referencia a las organizaciones y su contribución al avance de la PND y se incluyen las reflexiones que las organizaciones hacen sobre las limitantes y los desafíos persistentes, plasmados, sobre todo en el CAPÍTULO III: Percepción de los distintos sectores y contribución. 

Guatemala reporta la revisión de cada ODS priorizado: ODS 3, 5, 8, 14 y 17. Específicamente en la revisión del ODS5 se resalta como avance la mejora en la escala de posiciones del índice de igualdad derivado del aumento de la participación política de las mujeres logrando aumento de los escaños en el Congreso de la República y los nombramientos en el gabinete de gobierno. En este avance un matiz importante es la violencia política de la que fueron sujetas las mujeres que participación en la última contienda electoral y el debilitamiento que el Tribunal Supremo Electoral ha atravesado. La participación política de las mujeres en Guatemala ha sido a pesar de los enormes obstáculos que el sistema electoral presenta en el sistema democrático debilitado. 

En la revisión de este mismo ODS se reporta como avance el Indicador 5.2.2 sobre la proporción de mujeres y niñas de 15 años o más, víctimas de violencia sexual por parte de personas distintas de su pareja en los 12 meses anteriores, por edad y lugar de ocurrencia.  El avance evidencia una reducción del índice de 55 a 38 por cada 1000 habitantes de 2017 a 2025, dato proporcionando por el Ministerio de salud. Esta medición  requiere profundizar en las estrategias mediante las cuales fue posible esta reducción y determinar la contribución de medidas de prevención, de acceso a la justicia u otros cambios que en la sociedad no se percibe. 

Por otro lado a pesar de que Guatemala sí ha elaborado informes nacionales específicos sobre el Consenso de Montevideo (2018–2024 de SEGEPLAN) este contenido no ha sido incluido ni referenciado explícitamente en el la III Revisión Nacional Voluntaria 2025 presentado al Foro de Alto Nivel sobre todo en el ODS 5, lo que puede representar una contradicción teniendo en cuenta el aporte que el Consenso de Montevideo hace al alcance del objetivo de desarrollo dedicado a la igualdad. 

Por ultimo, a diferencia del reporte presentado en 2021, el cual incluye los pasos a futuro, los mecanismos y la ruta, el discurso  de Guatemala inicia reconociendo la voluntad de cumplir con los ODS, sin embargo la ausencia de la educación integral en sexualidad, la salud sexual y reproductiva todavía no figuran dentro de las estrategias para lograrlo, lo que pone cuesta arriba la ruta para llegar al 2030 y alcanzar llegar a la meta de no dejar a nadie atrás.

Y es por eso que desde la estrategia de incidencia política las Vecinas Feministas seguiremos participando, observando y colocando en discusión la necesidad de la implementación de acciones específicas que garanticen el  avance de los Derechos sexuales como parte de la justicia sexual en América Latina.

Desafíos a 10 años del Consenso de Montevideo: reflexiones vecinales

Por Andrea Terceros Hans y Pamela Martín García

El pasado 14 y 15 de noviembre del 2023 se celebró la V Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, en cuyo marco se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria de conmemoración por los 10 años del Consenso de Montevideo -CdM-, considerado como el acuerdo intergubernamental más avanzado en materia de población y desarrollo del mundo.

A 10 años de su implementación, si bien se visibilizan avances aún tenemos pendientes. El Consenso de Montevideo es considerado como un acuerdo progresista porque es el único documento en el mundo en el que los Estados se comprometen a implementar una serie de medidas para garantizar el acceso a derechos sexuales y derechos reproductivos. 

De acuerdo con la información presentada por la iniciativa regional de monitoreo social Mira Que Te Miro -de la cual Vecinas Feministas es parte- el promedio regional de cumplimiento de acuerdos en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos se ha incrementado en 2 puntos (de 60 a 62 con respecto de la primera medición realizada en 2017). Sin duda, la ampliación para el aborto legal en países como Colombia, México y Argentina han contribuido a que este porcentaje incremente, así como la ampliación de derechos en materia de matrimonio igualitario o uniones civiles entre personas del mismo sexo; ambos avances se han dado, sin duda alguna, gracias al trabajo incesante de los movimientos feministas y LGBTQ+. 

Sin embargo, es precisamente en el derecho al aborto en el que aún se tienen importantes desafíos. En la medición de Mira Que Te Miro, aborto es uno de los temas con menor cumplimiento junto con la rendición de cuentas con 43%, seguido del derecho a la Educación Integral en Sexualidad (EIS) con 47% de cumplimiento a nivel regional. Los países con mayor rezago en cuanto al aborto legal son algunos de El Caribe y de Centroamérica y con respecto a EIS se suman países de Sudamérica como Brasil, Perú, Chile, Bolivia que, casualmente, son países donde los grupos antiderechos vienen operando con intensidad, aplicando una serie de estrategias para detener el avance -e incluso generar retrocesos- en cuanto a estos derechos. 

Pero, el mayor desafío que plantea la realidad y configuración política de la región latinoamericana y caribeña con respecto a la agenda del Consenso de Montevideo a 10 años de su aprobación es garantizar su protección para que no ocurran retrocesos más graves de los que en algunos países se ha visto, especialmente cuando asumen el mandato gobiernos de derecha y ultra derecha que, en alianza con los grupos antiderechos están dispuestos a recortar y retroceder en los derechos ya conquistados. Esto se ha visto en países como Brasil, cuando asumió la presidencia Jair Bolsonaro; Uruguay, con Lacalle Pou; y actualmente lo estamos viendo con el presidente electo de Argentina, Javier Milei, que amenaza abierta y directamente en retroceder en la conquista histórica de la Marea Verde: la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo.  

Estos desafíos que surgen a 10 años del CdM, también plantea desafíos internos para los movimientos y organizaciones que trabajan en su vigilancia y defensa como, por ejemplo, la integración de El Caribe a la lucha por el aborto legal considerando que varios países de esta subregión son los más rezagados en legislación para garantizar el acceso al aborto legal y seguro. Es importante ampliar la mirada a toda la región, tener en cuenta las limitaciones de comunicación idiomática y también las culturales que se tienen con algunos países y construir conversaciones más horizontales e integradoras sobre las luchas y desafíos que se tienen en las distintas subregiones.

Por otro lado, el trabajo de vigilancia y defensa de la agenda del CdM requiere que desde los movimientos feministas y organizaciones de sociedad civil podamos reorganizarnos y cuidarnos, también. El autocuidado y cuidado colectivo son parte de los discursos y las reivindicaciones de los movimientos feministas porque sabemos que poner el cuerpo tiene un costo directo sobre la salud integral y esto no es distinto en los espacios de trabajo de incidencia. Es importante mirar con qué recursos contamos, porque esto repercute en la carga de trabajo que se tiene, afectando negativamente en las distintas esferas de la salud (física, mental, social). El descanso, el recambio, la delegación, el compartimiento del trabajo pueden y deben también ser politizados en pro de seguir siendo un cuerpo -ampliamente diverso- activo, que impacta y conquista derechos y los puede defender tanto en los espacios institucionales formales como en la calle. 

En síntesis, seguiremos activamente defendiendo y promoviendo el CdM, nuestra hoja de ruta hacia una vida más digna y sin dejar a nadie atrás. Y así lo haremos en nuestras acciones y con diversas voces en el proceso de Cairo+30 del próximo año. 

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